En el actual estado de crisis, la oportunidad del cambio
que ofrece la contingencia, ha servido para orientar la energía hacia la consecución
de objetivos más bien mezquinos, esto es, la instauración de un nuevo clasismo
en el cual se defiende a ultranza los beneficios individuales en pro de un
futuro incierto, pero a todas luces perverso.
Se ha llegado a tal punto, en el que el ejercicio de la
ciudadanía se antoja indeseable, por ofensivo y molesto, ya que persigue
movilizar a la sociedad para proteger derechos del hombre y del ciudadano, otrora garantizado por el Estado.
La
cuadratura del círculo está en la apelación a una ética trasnochada e
inquisitoria, dónde se pone especial hincapié en lo deseable, esto es, una
moral ad-hoc que encorseta a una parte de los individuos en una división social
basada en cotas o números clausus donde privilegiados y desheredados cumplen
una función homeostática cuyos parámetros son dictados al albur de la
irregular, por “inevitable”, distribución de la riqueza, donde se justifica la
necesaria y dolorosa iniciativa de cercenar la cobertura de necesidades
básicas, incluso de alimentación de ciertos sectores ciudadanos -léase infancia
y personas en situación de dependencia-, como los más vergonzantes, quedando al
margen la naturaleza misma del ser humano diabolizando el altruismo, si no es dádiva
o limosna, y lo colectivo, si no apoya
unilateralmente las “dolorosas” decisiones, donde se justifica desde todos los ámbitos
del poder la impermeabilidad de las fronteras del bienestar.
Esto se pretende conseguir apoderándose de los gestos y
del discurso resignado, consecuencia del miedo bien administrado, se apela a
una moral deseable, por sumisa e infinitamente provocada, en el decaer de los
derechos, pero con la certeza de que si te mueves será peor. Demonizando la
discrepancia en el ejercicio de la ciudadanía que representa el ejercicio de
las libertades, pero sobre todo del objetivo prioritario de la sociedad, que no
es otro que lograr una condiciones de vida, dignos, para todos.
El
más capaz es el que ha tenido las mejores oportunidades de salida, y se echa en
falta el mismo celo en defender arbitrariedades individualistas que en proteger
derechos colectivos que atentan principalmente contra la infancia.
Los valores, al fin y al
cabo, son metas deseables, son los que nos hacen tomar una decisiones u otras por lo que se
nos avasalla con el discurso que justifica medidas serviles, que nos alejan de
la justicia social, que ha dejado de ser objetivo para convertirse en obstáculo,
a la hora de retornar las cosas hacia un estado del que algunos insisten en no
apearse, hacer de la escuela la institución encargada de seleccionar y
organizar a los ciudadanos en función de sus capacidades, pero sin interferir
en ellas.
Y
para los que ya han llegado tarde a esta nueva manera de aportar ciudadanos,
estalla el discurso descapitalizador donde la formación y el conocimiento no es
un valor si no la oportunidad de salir fuera para constatar el fracaso de la
escuela y la universidad. Elogiando la necesidad de que nuestros jóvenes más
formados realicen su actividad profesional lejos de nuestro país, de este modo se
desactiva el potencial peligro del malogrado capital cognitivo en el que puede
germinar el descontento argumentado y por tanto peligroso, ya que al poner
palabras al malestar se debilita la tiranía homeostática del discurso
atributivo y surge la posibilidad de transformación.
